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Publicado en Oct 10, 2013 en Reflexiones Juridícas

Justicia presupuestaria y el verdadero equilibrio…

Justicia presupuestaria y el verdadero equilibrio…

 

De los Poderes Judiciales de los estados

 

M. en D. Armando García Estrada

 

El rezago presupuestal, en los tribunales locales y en especial en la primera instancia concretamente en la asignación de un salario digno para todo el personal que labora en los Juzgados del orden común, es signo inequívoco del olvido en que se encuentran con respecto de las otras instancias de gobierno, (Poder Ejecutivo y Legislatura en el ámbito Local y Federal) que son a quien les corresponde participar y tomar decisiones para el otorgamiento de los recursos públicos a favor del Servicio de Justicia en el ámbito Estatal, de todo el País.

En términos presupuéstales, a los Poderes Judiciales no se les otorga el trato que constitucionalmente le corresponde; en forma reiterada, se les ha colocado en el rango de una entidad de los tres poderes, inferior a su jerarquía constitucional; para los involucrados en el ámbito de justicia, saben y les consta que la materia mercantil a pesar de ser concurrente solo los Tribunales de los Estados atienden los reclamos de justicia derivados de los actos de comercio, entre otros y a manera de ejemplo: Operaciones bancarias, bursátiles, hipotecarias, pagares, cheques, fideicomisos, aperturas de crédito, etc. ello a pesar de que los Tribunales Federales se encuentran legitimados para conocer y resolver dichos litigios, pero en la práctica niega la competencia sin fundamento legal.

Por igual nadie desconoce que en el cumplimiento de las requisitorias derivadas del trámite del juicio de amparo y en aquellos lugares en que no existe Juez de Distrito, les corresponde a los Tribunales del orden local atenderlos y sumarlos a las excesivas cargas de trabajo que corresponden a su sola competencia ordinaria.

Lo anterior es solo una mínima demostración de la desigualdad en la asignación de los salarios para la justicia estatal, pues solo quien se desaparta de la realidad objetiva de las crisis de justicia loca en México, puede negar que los Tribunales del orden común no perciban  ingresos idénticos a los que integran el poder Judicial Federal, pues no se comparte la intención de quienes pretenden fijar una gradación con la justicia federal, pues quienes integran ese poder, tal vez incluso no perciban el salario conforme a sus cargas de trabajo, lo que patentiza por mayoría de razón que las instancias locales no perciben los ingresos mínimamente que les pudiera corresponder, a pesar de tener la responsabilidad de no solo resolver los asuntos de su competencia sino que además se ejecuta en miles de asuntos actos de jurisdicción del Ámbito federal sin reconocimiento alguno.

Las sociedades más avanzadas, son aquellas en las cuales se otorga un presupuesto constitucional al Poder Judicial; basta citar como notables ejemplos, los de Venezuela, que asigna al Poder Judicial un 3 tres por ciento del total del presupuesto; Ecuador el (2.5%); Argentina,(1.67%);

Estados unidos,(1.48), y el Salvador,(1.24); desafortunadamente, para la clase política nacional se tiene la impresión de que la administración de Justicia Estatal, No es presupuestalmente prioritaria.

Desarrollo del Tema

La sociedad, como beneficiaria del servicio de administración de Justicia, acuden siempre y recurrentemente  a los Tribunales de los Estados y ellos constatan el esfuerzo que día a día se realiza en los Juzgados comunes, la mística y entrega en la actividad jurisdiccional, de la dedicación con la que los Funcionarios trabajan se capacita y actualizan; como el celo profesional los lleva a robar horas de descanso y de la convivencia familiar, en aras de cumplir con su responsabilidad, aun en demérito de su salud, puesto que el trabajo se lleva acabo más allá del horario laboral, hasta llegar al límite de lo humanamente posible. Sobran ejemplos de Servidores Públicos Judiciales que han entregado salud y vida a la Administración de Justicia y que incluso hoy viven  sin prestaciones de seguridad social, sin percibir lo necesario para subsistir y en el olvido de la sociedad.

Para continuar con ese esfuerzo, es necesario contar con los recursos económicos dignos y suficientes, que permitan satisfacer los reclamos de Justicia, de la sociedad, como de los propios funcionarios Judiciales; por lo tanto, la necesidad de un presupuesto constitucional, autosuficiente para el ejercicio económico  de los Poderes locales, es de carácter tan absoluto, que solo puede ser negada por quienes carecen de la mínima sensibilidad social y por quienes ignoran que todo litigio se conoce por los Tribunales Estatales y solo en un porcentaje no mayor del 20% por cada cien asuntos, se acude a la justicia federal.

De conformidad con lo que disponen las Constituciones Políticas de los Estados, los Jueces deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no puede ser menor al Poder Judicial de la Federación, ó bien tasados con ingreso anual mínimo de $1´200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS) durante el tiempo de su encargo, debiéndose de incrementar conforme al Índice Nacional del Precios al Consumidor que determina el Banco de México, debe de existir proporcionalidad entre la presentación del servicio de Justicia, con los miles de procedimientos que agobian a la primera Instancia con el salario que actualmente  se perciben; debe asignarse Constitucionalmente un presupuesto dentro de un porcentaje no inferior al 4% en relación al gasto público que ejercen los Poderes Ejecutivos de los Estados, para que el mandato constitucional, no sea letra muerta.

Es imperativo otorgar el salario necesario y suficiente para que los juzgadores no vivan, y mucho menos, que laboren con la inquietud que representa la carencia económica; los salarios que se paguen en el servicio de la  Administración de Justicia, deben de incentivar el funcionamiento y la productividad, así como la capacitación en su trabajo jurisdiccional, para que no busquen otros paliativos económicos, como la cátedra, atención de un negocio personal, o cualquier otra actividad económica que no requiere la satisfacción de una carga horaria.

La estabilidad económica en el cargo, es una garantía de la jurisdicción, establecida a favor de los justiciables, ya que ello les garantiza de manera plena, la imparcialidad, independencia y autonomía de los Poderes Judiciales locales y de la Federación y solo se puede lograr, mediante la asignación presupuestal en forma Constitucional, que sería también un paliativo importante para que los Poderes Judiciales no dependan de la voluntad política del partido en el poder y así se garantice la verdadera División de Poderes que Tutela la Carta Magna, como lo dijo en su tiempo el ilustre filosofo Montesquiu “Que el Poder detenga al Poder”. Aspirar a un salario adecuado y decoroso a la especialización que los funcionarios judiciales han logrado en diversos estudios de postgrado, así como por  la responsabilidad que por razón del cargo, se tiene sobre todos y cada uno de los miles de asuntos bajo su conocimiento las cargas de trabajo que se atienden, superan en más de un cien por ciento esos comparativos, y ratifica el exceso de labores que se debe soportar y que cada día se incrementa, toda vez que en las entidades estatales, existe un mayor número de habitantes, pero los juzgados no se incrementan en la misma proporción; Lo que provoca cuando menos en Jalisco que un Juzgado de lo Civil atienda en promedio al año, mil doscientos setenta negocios, un Juzgado Penal ochocientos setenta y ocho, un Juzgado Mercantil, tres mil cuatrocientos y los Familiares, dos mil trecientas ochenta y dos; según información proporcionada por la Dirección de Archivo, Estadística, Ediciones y Boletín, al finalizar el años 2003.

Aunado a lo anterior, se debe considerar el número de juicios que se atienden de manera ordinaria en un número aproximado de ocho mil, que se encuentran en los archivos de cada Tribunal, que deben de atender  en promedio diecisiete personas; sin soslayar que existen otros Tribunales como los que se encuentran en el interior del Estado, ya sean especializados o mixtos, que sin contar con el mismo número de funcionarios y servidores públicos deben soportar cargas aún mayores de trabajo, como el Penal de Chapala, con solo siete personas deben atender a un total de quinientos sesenta y ocho procesos por año; los Juzgados Civiles de ciudad Guzmán, que con nueve personas deben atender  alrededor de mil cuatrocientos expedientes por año y el Juzgado Mixto de Zapotlanejo, que soporta un total de mil cuatrocientos setenta y cinco asuntos y se compone únicamente de siete personas, información estadística que obra en la dependencia administrativa antes mencionada.

La productividad dentro del Poder Judicial, se traduce en administrar justicia en forma pronta y expedita, en acatamiento al mandato que establece el artículo 17 Constitucional, por lo que se corre el grave riesgo de que el exceso de trabajo, ahogue la efectividad de los Tribunales, sino se otorga el presupuesto necesario   para el Poder Judicial, ya que es un principio de todos  conocidos, que la Justicia retardada, es igual a Justicia denegada.

Es lamentable que en nuestros Estados, a principios del siglo XXI, los avances en materia de informática, no sean herramientas al alcance de la mano de los Jueces; baste para mencionar como ejemplo el que los expedientes al día de hoy se sigan cociendo con aguja el hilo, tal y como se ha venido haciendo desde hace cien años. Para comparar el retraso que existe en la Administración de Justicia, es suficiente remitirse a la forma en que se realizaba una operación médica a principios del siglo pasado y como se realiza ahora en un moderno pabellón de cirugía; como fueron las comunicaciones a través del Telégrafo y como son ahora por medio de la informática; como fuel el Transporte en la época de los Tranvías y como es ahora por medio de la aviación, mientras que es la misma imagen, como fueron los Tribunales a inicios del siglo pasado y como son ahora. Excepciones a lo anterior lo son los Tribunales Judiciales de Nuevo León, Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Colima y el  Distrito Federal, quienes representan la dignidad y jerarquía que deben tener los Tribunales en sus instalaciones.

 Existen rezagos en materia de salarios, ya que nuestro Estado es uno de los últimos en la asignación de recursos y prestaciones personales, además de elementos materiales para el Poder Judicial, y prueba de ello, es la improvisación de edificios en los que se albergan los Tribunales en el interior de la entidad, que no reúnen las especificaciones técnicas mínimas para la prestación del Servicio de Justicia, y en el uso de la tecnología, el retraso es diez años. Es necesario expresar con decisión y firmeza que, de no otorgarse un presupuesto suficiente a los Poderes Judiciales, se perdería el esfuerzo humano que se ha conformado hasta hoy; no es deseable para la tranquilidad social, un crecimiento de rezago en la atención de los asuntos; pues se negaría a la Sociedad, la posibilidad de ver satisfechos sus reclamos de justicia.

La Nación de hoy dentro de la democracia reclama honestidad y transparencia, los mexicanos están cansados de la impunidad, reclaman que se castigue al delincuente en la medida de la gravedad  de la falta o delito cometido; con hambre y sed de justicia se le ruega al Estado que se le repare al ofendido del daño físico o patrimonial sufrido en la misma medida  que la ofensa, el incumplimiento o el agravio sufrido; lo que provoca exigir una mejor y más pronta impartición de justicia, jueces profesionales dominantes de la justicia, no de la legalidad, actualizados para entonces ser acreedores a ser llamados jurisproductivos como creador y vinculante del estado de derecho; pero ¿Cómo  responder a esos reclamos, si no se cuenta con los recursos económicos suficientes para ello?

La administración de Justicia, es un servicio prioritario que no se debe regatear; por ello, la asignación del presupuesto constitucional, que garantice su modernización y autonomía, es una necesidad impostergable.   

Los Tribunales de los Estados, mediante las resoluciones que dictan, protegen y aseguran, la vida, la libertad, estabilidad familiar y el patrimonio de las personas, necesidades que no pueden soslayarse; la Nación de hoy, exige un Poder Judicial con patrimonio propio, altamente capacitado y generador de confianza.

Para quien es ajeno que en el año de 1970 existían 55 juzgados de Distrito, 13 tribunales colegiados de circuito y 35 millones de habitantes, para el año 2001 existen 255 juzgados Federales, 154 Colegiados de circuito y 97 millones de habitantes, amén, quien ignora los salarios y prestaciones que perciben los integrante de la  Judicatura Federal (Ministros, Consejeros, Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios, oficial judicial) que con relación a las primeras cuatro jerarquías, todos absolutamente superan un ingreso anual aproximado a 1´500,000.00 Un millón quinientos mil pesos; lo que lleva considerar que la federación otorga en promedio el 1.5% del gasto corriente anual.

Entonces porque negar a la justicia local una percepción salarial igual, cuando se tiene mayores cargas de trabajo la justicia es personalizada y directa y que incluso cualquier diferencia de intereses en todos los ámbitos provoca acudir a los Tribunales del estado y en un mucho menor porcentaje a la justicia federal, resulta entonces obvio que a trabajo igual debe otorgarse un  salario igual.

¿Porqué?, Solo otorgar un macro justicia, a la política y en recursos públicos (avenidas, calles, ornatos, plazas, vehículos, seguro de vida, seguro de retiro, becas, salarios y tecnología, entre otros) y en cambio una micro justicia en indiferencia a los que administran la justicia en perjuicio de los usuarios de las entidades locales del País; suplicamos justicia económica para quienes administramos la justicia profesional y especializada, aun contra la inercia de los miles de juicios que agobian nuestros archivos y trabajo, pero que no fue ni será pretexto para los integrantes de los Poderes Judiciales Locales de seguir como verdaderos Garantes del Estado de Derecho.

Síntesis Ejecutivas

  1. Que el ejercicio presupuestal de la Justicia Estatal se determine constitucionalmente en un porcentaje al 4% anual; incrementándose acorde al Índice Nacional de Precios al Consumidor que fije el Banco de México.
  2. Para garantizar la autonomía e independencia de los señores Magistrados, Consejeros, Jueces y demás integrantes de la justicia local, deberán de percibir un salario congruente al de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. (a trabajo igual, salario igual)
  3. Deberá de considerarse dentro de los Planes de Desarrollo de la Nación a los Tribunales Estatales para determinar su crecimiento de Tribunales y Salas acorde al número de habitantes y supeditados a la media nacional.
  4. Reorientar el Sistema de  Seguridad Social para no generar intranquilidad e incertidumbre a los juzgadores para el caso de un retiro voluntario o involuntario, que se garantice el acceso a un sistema de prevención de enfermedades y en su caso a la medicina del tercer nivel. Debe otorgarse un seguro de vida acorde  a la responsabilidad del trabajo no menor al ingreso anual; acorde a la intención manifiesta de la Señora Ministra del Máximo Tribunal de la Federación Margarita Beatriz Luna Ramos; palabras que pondero ante la H. Comisión del Senado y demás integrantes a la Reforma del Estado y de Justicia.

Bibliografía

  1. Revista “Sistemas Judiciales” Publicación Semestral de Centro de Estudios de Justicia de las Américas, año 3 numero 6 articulo “Eficiencia de la justicia” Juan Enrique Vargas Vivanco Pág. 88.
  2. Citado por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel en el mensaje pronunciado el 20 Noviembre del 2000, durante la entrega de reconocimientos a empleados del Poder Judicial Federal con 50 o más años de servicio;
  3. Conferencia del Doctor Miguel Carbonell en El Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el pasado 30 treinta de marzo.

 

Guadalajara, Jalisco. Febrero 20